¿Mentira o desidia del Gobierno?
En el 2019 me encantaría arrancar en mi primera columna de opinión, que tan amablemente me permite publicar en este espacio la revista Metros2, con un dato positivo o anunciando alguna medida o iniciativa que diera continuidad al tono optimista con el que despedí el año 2018. Y no es por que no los tenga, al contrario, se da el caso de que arrancamos el año con grandes y esperanzadoras expectativas en el Sector Cooperativo, pero desgraciadamente estoy obligado a utilizar este espacio para denunciar una increíble situación que afecta de manera inadmisible al desarrollo e impulso de la Economía Social.
El pasado 8 de noviembre el Presidente del Gobierno, tras conocer y criticar la Sentencia del Supremo de fecha 16 de octubre de 2018, se apresuró a aprobar un Decreto Ley (17/2018) en el que, en un alarde de sensibilidad social, anunciaba a bombo y platillos que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que recaudan las Comunidades Autónomas por el que se gravan todos los préstamos con garantía hipotecaria los pagarían, desde ese momento, los bancos y no los ciudadanos, legislando un gran cambio en este sentido y dando así un giro de 180 grados al sentido de la sentencia mencionada. Lo que la gente no sabe y, sobre todo, lo que miles de familias cooperativas desconocen, es que a los asesores del Sr. Sánchez se les olvidó recordarle al Presidente que las Cooperativas de Viviendas ya estábamos exentas de soportar dicho impuesto, por lo que en un proyecto de viviendas cooperativo, nadie, ni los socios ni los bancos tenían obligación de atender este importante gasto.
La situación que nos deja el Decreto del Gobierno es que ahora las Entidades Financieras o “bancos”, como los definió el Presidente, tendrán que asumir un coste que antes no tenían y que como ya está pasando se lo repercuten a las cooperativas con el importante incremento que ello supone del coste directo de sus viviendas. Los ciudadanos, las familias que buscan una vivienda en cooperativa en España, hoy más de 20.000, tendrán que pagar el impuesto AJD en todos los préstamos que precisan a lo largo del proceso promotor, primero en la compra de suelo y, posteriormente, en la construcción, cuando antes este gasto o coste impositivo no lo tenían. Ahora los ciudadanos, es verdad, no pagarán AJD en la subrogación de su hipoteca, pero lo harán por partida doble en la formalización de los prestamos suelo y, posteriormente, en el préstamo que permite la construcción de sus viviendas. Es decir, para nosotros un verdadero escándalo, engaño y perjuicio.
Tras haber mantenido contacto con la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y prometernos una solución al respecto, sin que se haya rectificado en el Real Decreto 27/2018 de 28 de diciembre, perdiendo así una gran oportunidad para enmendar esta delicada, incomprensible e injusta situación. Desde CONCOVI solo podemos calificar de “mentira o desidia” la actitud del Gobierno.
