Desde la Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España (CONCOVI), denunciamos que el Gobierno ha dejado de lado al sector cooperativo con la aprobación del Decreto Ley (17/2018) por el cual son las Entidades Financieras y no los ciudadanos los que tienen que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que recaudan las Comunidades Autónomas.
Insistimos en que, hasta ese momento, las cooperativas de vivienda estaban exentas de pagar dicho impuesto. Sin embargo, a partir de la aprobación de este Real Decreto, las Entidades Financieras tendrán que asumir un coste que antes no tenían y, por lo tanto, se lo repercuten a las cooperativas con el importante incremento que ello supone del coste directo de sus viviendas. Ahora, los más de 20.000 ciudadanos y familias que buscan una vivienda cooperativa en España tendrán que pagar el impuesto AJD.
Desde la aprobación del Real Decreto 17/2018 hay en España más de 1.200 viviendas cooperativas paralizadas ante el pago del impuesto AJD indirectamente en todos los préstamos que se precisan a lo largo del proceso promotor.
Desde CONCOVI denunciamos que la medida afecta de forma inadmisible al desarrollo e impulso de la Economía Social y frena la creación de empleo en un sector, como son las cooperativas de vivienda, que en 2018 ha generado 5.632 puestos de trabajo directos. Tras haber mantenido contacto con la Dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda y que prometiese una solución al respecto, la cual no ha llegado con el Real Decreto 27/2018 de 28 de diciembre, el Gobierno ha perdido así una gran oportunidad para enmendar esta injusta situación. Por eso, desde CONCOVI no podemos más que calificar de “desidia” esta actitud del Gobierno.
Fuente: CONCOVI
