Para más “inri”
Es, con sentencias judiciales como ésta, cuando queda de manifiesto que nuestro Poder Legislativo, es decir, los políticos que hemos votado y defienden los intereses de los ciudadanos a través de las diferentes Cámaras de Representantes, sólo corrigen injusticias sociales, con un claro ánimo confiscatorio por parte del Poder Ejecutivo, cuando no les queda más remedio.
Sé que muchos, me van a tachar de todo por dicha opinión, sinceramente, me da igual, pero incluso, os confieso que, he llegado a comparar esta interminable situación tan injusta, como vergonzosa, con aquellas recaudaciones o rentas feudales que se daban por toda Europa, y que, era el mecanismo de coerción extraeconómica por el que los estamentos o clases privilegiadas, la nobleza y clero fundamentalmente, obtenían el excedente de la producción del campesino, intentando localizar a toda costa, daba igual, cualquier forma de excedente productivo para situar sobre él un impuesto del tipo que sea, a sabiendas que la cosecha no había dado beneficio alguno.
Y para más “inri”, aunque no me gusta utilizar este cruel acrónimo utilizado por Pilatos para intentar humillar aún más a Jesús de Nazaret en la Santa Cruz, no se me ocurre otro mejor, para equiparar al nombrecito que le ponen al impuesto que tumba el Tribunal Constitucional; “¡Plusvalía!”; en fin…, bastante humillante.
Ya sabréis todos a qué sentencia me refiero y lo que, tras tantos años de injusta recaudación, ésta pretende corregir.
Ha tenido que ser un tribunal, el Poder Judicial, quien ponga en su sitio al Poder Ejecutivo, y no porque no supieran que estaba mal concebido y mal justificado su cálculo, simplemente porque no podían renunciar a su recaudación. Si; a pesar de su escandalosa aplicación, no quisieron recurrir al Poder Legislativo, no quisieron y lo que es peor, no fueron capaces de diseñar políticas fiscales, justas, equilibradas, sostenibles y, sobre todo, de apariencia legal, ni siquiera cuidaron la apariencia legal.
En CONCOVI llevamos años, reclamando una regulación, revisión y perfeccionamiento de muchas de las incongruencias e injusticias fiscales que se dan en nuestro Sector, me refiero al de la Economía Social en materia de vivienda y que, sin ninguna duda, mejoraría el resultado y objeto social que buscan las cooperativas de viviendas y rehabilitación. Ejemplo, ¿quién acaba pagando “realmente” el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en todas las operaciones o transacciones financieras cubiertas con garantía hipotecaria? Históricamente, las cooperativas, de cualquier actividad, hemos estado exentas, pues bien, desde que Sánchez, decretara que “lo pagaran los Bancos”, lo están pagando y asumiendo los cooperativistas, sin ser, para más “inri”, el sujeto obligado, todo porque al Poder Legislativo, se les olvido incluirnos en el Grupo de los “Partidos Políticos”, “sindicatos” y la “iglesia” que, sí lo están. Una injusticia que, a pesar de reclamarla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es decir, la misma cosa, no encuentran la manera de corregir, es y debe ser, muy complicado, explicar y deshacer parcialmente el “decretazo” que se olvido y perjudicó, claramente a las Entidades, de todo tipo y actividad, de la Economía Social.
Sin embargo, es curiosa, sorprendente y evidente la conexión entre dos de los tres “Poderes”.
En este caso, en cuestión de pocos días, ¡ ojo ¡, desde el 26 de octubre, fecha del fallo del Pleno del TC, al 8 de noviembre, es decir, en ocho días hábiles, el Gobierno de España y su Consejo de Ministros, a través del poder que le otorga la Constitución en el marco Legislativo, ha ido al rescate del Poder Ejecutivo, corrigiendo la injusticia del Impuesto de Plusvalía Municipal, de modo que puedan en dos modalidades de nueva aplicación, seguir recaudando dicho impuesto, ahora sí, siempre y cuando el campesino demuestre al recaudador, claros beneficios en la producción y venta de su cosecha, en fin…, bastante humillante.
