“capacidad de escuchar, consensuar y pactar”.
Hace justo un año, en abril de 2022, a través de este mismo canal de comunicación e información, opinaba sobre el tan “criticado borrador de la Ley de Vivienda”.
Transcurrido un año, desgraciadamente no puedo escribir sobre las consecuencias, positivas o no, de su puesta en vigor, dado que las cosas siguen casi igual, es decir, la Ley no ha visto la luz, y no ha culminado su tramitación parlamentaria ya que no hay ni consenso político, ni consenso sectorial y si me apuras, tampoco lo hay, social.
En CONCOVI llevamos décadas reivindicando a los grupos políticos una mayor capacidad para “escuchar”. Es algo que, en principio puede parecer fácil de hacer, pero si lo es; ¿por qué no se cumple?
Los Agentes Sociales, hemos aprendido a ser humildes, lo somos por naturaleza, sabemos cual es nuestro papel y lo que la sociedad espera de nosotros, por ello; sondeamos, escuchamos, analizamos y pedimos apoyo y cooperación, sin ningún complejo, a todo agente, profesional y representante sectorial que, consideramos, nos puede ayudar a cumplir nuestro Objeto Social. Lo que me hace preguntar; ¿por qué tengo la sensación de que en los grupos políticos esto no ocurre, por qué?
Mi conclusión, a riesgo de que la tachéis de banal o insustancial, es que puede deberse a la “competencia” que existe entre ellos. Si a ello le sumas el poco plazo legal que tienten para cumplir con sus programas electorales, a todos ellos, sin distinción ideológica, los lleva a cometer errores con impactos no calculados.
La competencia, incluso en política, no sólo es buena, sino que creo sinceramente que es absolutamente necesaria, pero al bien entendida.
La competencia, te impulsa a innovar, mejorar y reforzar equipos y medidos de producción; te invita a buscar la máxima perfección, todo en aras a obtener un mejor resultado de los servicios que ofreces, a poner en el mercado un producto que cubra más y mejor la función para el que fue diseñado y fabricado, es decir, te ayuda a ser mejor.
La “ley” , la “norma” , el “reglamento” que, conforme regula la CE, sólo puede fabricar el Poder Legislativo, son unos de los productos más delicados y que requieren de la máxima concentración y responsabilidad a la hora de ser diseñados, redactados y aprobados, ya que, desde su puesta en vigor, afectarán directamente al resto de poderes, a la seguridad jurídica del sistema productivo y orden social y con ello, indefectiblemente, a la riqueza y evolución económica de un país.
La competencia en el Poder Legislativo, debería ser también un elemento motivador, repleto de altas dosis de modestia, capacidad de escuchar, consensuar y pactar, a eso lo llamo yo, compromiso social. Sería tan fácil como aplicar las mismas medidas, buscando apoyos y colaboraciones parecidas a las que se practican en otros ámbitos de la vida, al fin y al cabo, la política también forma parte de nuestras vidas.
Hace justo un año, en abril de 2022, yo escribía que esta “Ley de Vivienda” “no será una buena Ley, o la mejor que se pudiera esperar, ninguna lo ha sido nunca en sus primeras versiones ”pero a la vez alababa la valentía del Gobierno por intentarlo, al menos.
No me considero una persona ilusa, y creo firmemente en el compromiso social y buenas intenciones del MITMA al querer aprobar la primera “Ley de Vivienda” de nuestra historia, de hecho, CONCOVI, en mayo de 2022, la última convocatoria de los “Premios Alfonso Vázquez Fraile” reconoció al Ministerio y a su trayectoria, con la “mención de honor”, uno de los reconocimientos que otorga todos los años la Economía Social en materia de “Vivienda”
Pero no vale sólo con intentarlo, es verdad que es su obligación hacerlo, pero también lo es ser fuertes y coherentes con las conclusiones extraídas de las consultas sectoriales, no debiendo ceder a las presiones de terceros.
Hoy el Gobierno tiene muchos semáforos rojos advirtiéndole que, fundamentalmente en lo concerniente a la regulación de los valores o precios del alquiler de la vivienda, su actual redacción e inminente puesta en vigor, manifiestamente, no darán con la solución que se pretende alcanzar, muy al contrario, voces expertas anuncian un retroceso y un freno económico en la actividad y función que cumplen las viviendas en stock que particulares, pequeños y medianos tenedores, patrimonializan con este objetivo.
Estas voces de alarma, y opino que absolutamente autorizadas, desaconsejan el intervencionismo, por eso desde CONCOVI confiamos en una regulación y una tutela administrativa con las máximas garantías tomando como ejemplo los ambiciosos e importantes procesos sociales que anuncia e impulsa SEPES, donde colaborando generosamente también con las Administraciones autonómicas y locales, fomenta la convocatoria de concursos y programas específicos que, bajo el modelo de la colaboración público-privada y con la ayuda de todos, también de las Sociedades Cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, pongan en carga suelo público, motivando la promoción y construcción, con fondos privados, de un parque profesional de vivienda de alquiler, diseñado y proyectado para tal fin y posibilitando, en definitiva, el alquiler asequible de vivienda digna y adecuada.
Para esto y para trasladar nuestro humilde parecer en todo lo que nos quieran consultar, nos tendrá siempre a su lado, el Gobierno y cualquier Administración Pública que, desde su competencia, quiera fabricar “leyes” nacidas desde la capacidad de escuchar, consensuar y pactar.