CONCOVI asiste a la 1ª reunión del Pacto Regional por la Vivienda

• Desde CONCOVI destacan la urgencia de revisar el Reglamento de la Vivienda Protegida y regular el valor del suelo calificado como protegido.

En el día de ayer, Juan Casares, presidente de CONCOVI, acompañado del responsable del Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI, Javier de Osma y del responsable del departamento de Suelo y Urbanismo, Leopoldo Arnaiz, asistió a la sesión convocada por la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid (CAM) para analizar junto con todos los agentes y entidades que firmaron el Pacto Regional por Vivienda el pasado 2020, el “Plan de Choque de nuevas medidas de impulso para la vivienda”, con el fin de hacer llegar sus propuestas.

Juan Casares elogió la decisión de la CAM de aumentar los precios y módulos de referencia para las viviendas protegidas y las medidas anunciadas por la Consejería, que permitirán a las cooperativas, como entidades sin ánimo de lucro, acceder a garantías de Aval Madrid para obtener la financiación necesaria. Además, destacó la importancia de fomentar las cooperativas de alquiler y cesión de uso y subrayó la necesidad de perfeccionar y revisar el Reglamento de la Vivienda Protegida, especialmente en lo referente a regular el valor o precio de la repercusión del suelo calificado como protegido conforme a los nuevos módulos publicados.

Asimismo, Casares afirma que “la experiencia, nos ha demostrado que el mercado de suelo protegido sin esa limitación, jamás cumplirá el objeto social para el que fuera destinado, y que con toda seguridad absorberá, en gran medida, el incremento del nuevo valor del módulo, volviendo a la casilla de salida, impidiendo permitir la viabilidad económica y financiera de los proyectos de vivienda con algún tipo de protección y por consiguiente, y desgraciadamente, perdiendo toda su efectividad la medida de revisión de precios de la vivienda”.

Por otra parte, centrándose en las competencias autonómicas, Casares abordó la necesidad de diseñar una política fiscal adecuada que descargue los costes directos por los que se grava la vivienda protegida y que, de manera injusta, sanciona su puesta en el mercado. Concretamente señaló que “aun siendo las cooperativas sociedades fiscalmente protegidas y exentas de su aplicación, se ven obligadas a pagar en todas las operaciones y financiación con garantía hipotecaria que formalizan con las entidades bancarias el impuesto de AJD, así como el de TP, tanto en obra nueva, como en rehabilitación”.

Por último, el presidente de CONCOVI, recordó la necesidad de revisar, mediante la aplicación de la disposición transitoria correspondiente, las calificaciones concedidas hasta la fecha a varios proyectos, que hoy, debido al incremento de costes legibles que han tenido que soportar (construcción, financieros, retrasos administrativos, etc.) son absolutamente inviables si no inician el trámite de solicitud de nueva calificación, con el fin de tasar nuevamente las viviendas protegidas resultantes con los nuevos módulos y así obtener la financiación que les permitiría construir y entregar sus viviendas a cientos de socios cooperativistas.

CONCOVI reafirmó su compromiso de colaborar con la Consejería para mejorar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda en la Comunidad de Madrid.